¿Para qué ha de servir un pleno?

La Ley de Bases de Régimen Local desarrolla ampliamente las competencias y funciones del Pleno Municipal en su artículo 22. Fundamentalmente este órgano colegiado debe controlar y fiscalizar las acciones de los órganos de gobierno, misión encomendada a la oposición, y planear y gestionar el urbanísmo, economía, servicios a la ciudadanía y normativas varias que llamamos ordenanzas municipales, tareas desarrolladas por el equipo de gobierno.

Este artículo 22 es claro y cierra el ámbito de trabajo del Pleno al municipio. Sin embargo es frecuente encontrar asuntos que exceden el ámbito local como ha podido verse en los plenos de 20 de febrero y 8 de marzo, en el que el grupo municipal del PSOE presentó varias mociones contra las políticas que está realizando el gobierno de Mariano Rajoy. No soy experto en leyes pero entiendo que esta práctica se justifica en la libertad que tienen los grupos políticos para presentar al Pleno cualquier propuesta dentro del apartado de mociones, aunque la ley también confiere a la alcaldesa-presidenta de la Corporación la potestad de determinar qué asuntos integran el orden del día de un Pleno y con ello la peligrosa arbitrariedad de dejar fuera aquello que políticamente no le convenga. Lo pudimos ver este verano cuando Elena Víboras dejó tres meses en espera la moción del PP solicitando la elección democrática de alcaldes pedáneos.

Y es lo que no me termina de cuadrar. Hasta qué punto un pleno municipal puede convertirse en altavoz político ante la proximidad de unas elecciones y un grupo político llene el orden del día de mociones sobre asuntos en los que un Ayuntamiento, como administración, ni pincha ni corta, alejándose del principio de utilidad, eficacia y proximidad hacia lo local que ha de impregnar el funcionamiento del Pleno.

Lo que vivimos el día 8 fue un ejercicio de politización de la vida municipal desde su órgano más sagrado. El PSOE monopolizó la sesión al presentar cuatro mociones en las que tan sólo pedía “instar” a algo a alguien, lo que debería hacer reflexionar al equipo de gobierno sobre el uso que hace de un órgano que controla a su antojo pero del que no es dueño, y sobre la rentabilidad electoral que pueda obtener con la presentación de un número de mociones superior al de asuntos ordinarios teniendo en cuenta que la alcaldesa justificó hace bien poco la no celebración de plenos por el elevado coste que tenían para las arcas municipales, 3.600 euros cada uno.

Mucho me temo que la convocatoria del pleno del día 8 se debió más a estrategia electoral que al acatamiento de la Ley de Bases y del acuerdo plenario que manda celebrar sesión ordinaria los segundos jueves hábiles de cada mes. Para eso no duelen los 3.600 euros.

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